Las familias podrán amortizar en cuatro años la inversión para autoconsumo eléctrico

·         El real decreto, criticado por el sector renovable, fija que los consumidores de menos de 10 kW no paguen un doble impuesto

Los consumidores pueden producir su propia electricidad. Esa es la noticia buena. El Gobierno da vía libre al fin para que puedan instalar placas solares (paneles fotovoltaicos) en sus chalés o viviendas unifamiliares (quedan descartados los pisos) en lugar de comprarla a las empresas comercializadoras. Es el autoconsumo eléctrico, que, además de ser bueno para el medio ambiente, lo será para el bolsillo de la inmensa mayoría de los hogares.

La mala noticia, sin embargo, es que el Ejecutivo de Rajoy prevé una serie de cargas para los autoconsumidores que opten por el autoconsumo pero a la vez se mantengan conectados a la red eléctrica para tener electricidad cuando no generen la suficiente, por ejemplo por la noche, en el caso de los paneles solares. También se establece un doble impuesto para los autoconsumidores que tengan más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada.

«La verdad es que el borrador inicial era desastroso, durísimo para la inmensa mayoría de las familias, de las pequeñas y medianas empresas y del sector de las energías renovables. En el real decreto recién aprobado lo han suavizado algo pero no deja de ser injusto y con impuestos al sol. En todo caso, si hay que quedarse con algo bueno es que por fin se regula el autoconsumo y que esto abre la puerta a reanimar algo al sector renovable y a los propios consumidores», resume Vicente Sánchez, presidente del Clúster de la Energía de Extremadura.

Los productores de electricidad podrán verter al sistema el exceso de energía pero no cobrarla En otros países obtienen un descuento cuando necesitan consumir energía de la red

Impuestos y ahorro

A efectos prácticos, el decreto de autoconsumo energético permite que los consumidores de menos de 10 kW no tengan que pagar el doble impuesto (por la potencia contratada y por el kilovatio producido) que sí tendrán que abonar los que tengan más de esa cantidad. Sin embargo, tendrán que pagar uno (potencia), frente a la exigencia del sector renovable y de las asociaciones de consumidores, que pedían la exención.

Hay que subrayar que los consumidores de menos de 10 kilovatios son la inmensa mayoría de las familias, cuya potencia contratada puede oscilar entre 4 y 6 kW. También tienen esta potencia las pequeñas empresas con actividad en naves industriales no muy grandes.

El presidente del Clúster de la Energía insiste en que la normativa aprobada «no cubre ni en un 30% las demandas del sector de las renovables», notablemente golpeado por la normativa gubernamental desde 2010, «pero es mejor que nada y por lo menos se regula el autoconsumo y dejarán también de señalarlos como culpables del déficit tarifario».

De forma concreta, Sánchez habla de ahorro para las familias en la factura eléctrica por producirse la propia energía. De forma sectorial, de pequeña reactivación de las empresas renovables.

Según sus cálculos, lo que se gasta de media una familia extremeña en la factura eléctrica al año puede rondar los 1.400 o 1.500 euros. El desarrollo del autoconsumo, la compra e instalación de placas y la conexión al sistema eléctrico, puede suponer, en función del precio de los paneles, de la potencia contratada y de otros factores, un coste de entre 4.000 y 6.000 euros.

Por tanto, un hogar puede amortizar la inversión para autoconsumo en un horizonte que rondaría los cuatro años. «Un planteamiento interesante que puede animar al autoconsumo, a pesar del peaje impuesto», resume.

Este experto extremeños en renovables lamenta, entre otros aspectos del decreto, que se impida que los usuarios particulares cobren por los excedentes de energía que produzcan y no utilicen. El Ministerio de Industria no lo permite salvo que se constituyan como empresa. De esta forma, si los autoconsumidores producen más electricidad de la que necesitan, podrán cargar una batería, si quieren, o verterla a la red, pero sin contraprestación económica, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde reciben un descuento a la hora de consumir de la red cuando sus paneles no están recibiendo luz. «Eso tampoco es entendible ni justificable», concreta.